Los vecinos de Brighton Park quieren saber cómo les va a proteger la ciudad tras el rechazo del proyecto de campamento de inmigrantes por toxinas

CHICAGO — La casa de Sofía Salinas da a un terreno baldío entre la Calle 38 y la Avenida California, en el barrio de Brighton Park de Chicago.

Cuando la ciudad anunció un plan para construir un campamento de inmigrantes en el solar, algunos residentes se enfadaron porque no se les consultó. Pero cuando ese plan se desechó tras el descubrimiento de altos niveles de metales tóxicos, incluido el plomo, Salinas dijo que lo sintió como “una bofetada en la cara”.

Salinas, propietaria por primera vez de una vivienda y residente en Brighton Park desde hace cuatro años, afirma que ella y otros vecinos han trabajado para mejorar la zona mediante reuniones comunitarias periódicas, acogiendo con satisfacción la apertura de una nueva iglesia y ayudando a los vecinos a mantener en buen estado sus viviendas. Ahora se pregunta si esos esfuerzos han sido en vano.

“No sabes si quieres quedarte o no. No sabes si invertir tu dinero en construir una comunidad cuando es tóxica. Es como: ‘¿Debería siquiera vivir aquí?”, dice Salinas.

La concejala Julia Ramírez, 12, cuyo distrito incluye Brighton Park y McKinley Park, dijo que el lote entre la 38 y California fue una vez una terminal de carga para el ferrocarril de Alton. Durante ese periodo, albergó una fundición de zinc, una operación que implica procesos potencialmente tóxicos que utilizan calor y productos químicos para la extracción del metal.

Ramírez explicó que también había depósitos de gasóleo subterráneos, pero que ya se han retirado.

A mediados de octubre, los vecinos dijeron que se despertaron con el ruido de la tala de árboles y la instalación de brillantes luces en el terreno baldío.

María Rolón, residente en Brighton Park desde hace 54 años y cuya casa linda con el solar, dijo que la comunidad no fue informada de los planes municipales de utilizar el solar para alojar a inmigrantes hasta que la construcción ya había comenzado.

“Estaba muy disgustada”, dijo Rolón. “Soy mayor, incluso mi hija vive al lado. Tengo otros hijos. ... Esa era mi principal preocupación”.

El 26 de octubre, la ciudad firmó un contrato de seis meses para el uso del terreno propiedad de Barnacres Corp, una empresa de Markham dirigida por Otoniel “Tony” Sánchez. Sánchez también fue donante del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y donó 1,500 dólares al fondo político del alcalde dos meses antes de la firma del contrato. Los asesores políticos de Johnson han dicho que el dinero se devolvía y que los trabajadores municipales que participaron en la búsqueda del lugar no sabían nada de la donación.

La ciudad planeaba alojar temporalmente a cerca de 2,000 inmigrantes en un campamento base invernal en la propiedad de 9 acres. Los residentes protestaron día y noche contra el plan de la ciudad, alegando problemas de seguridad y medioambientales debidos al historial de uso industrial del lugar.

A raíz de una solicitud de información pública, el ayuntamiento hizo público el 1 de diciembre un informe de evaluación ambiental de 800 páginas elaborado por Terracon Consultants, una empresa externa, en el que se detectaron altos niveles de mercurio, plomo, arsénico y manganeso, así como trazas de PCB cancerígenos, entre otros contaminantes.

Un portavoz de Johnson dijo al Tribune que el sitio es “seguro para uso residencial temporal”.

Sin embargo, después de que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Illinois revisara el informe, el gobernador J.B. Pritzker anunció que la ciudad no utilizaría el emplazamiento de Brighton Park como campamento de inmigrantes alegando “graves problemas medioambientales” en una declaración hecha pública por la oficina del gobernador el 5 de diciembre.

Según el informe, para limitar el acceso a la tierra contaminada, los contratistas cubrieron todo el solar con una capa de piedra de 15 cm destinada a proporcionar una “barrera de ingeniería” que los trabajadores municipales inspeccionarían y mantendrían de forma rutinaria.

A pesar de la adición de la barrera de piedra y de las declaraciones del alcalde de que el lugar es seguro para uso residencial, los propietarios de viviendas de la Calle 38 no están convencidos de que el terreno no sea tóxico.

Ermelinda Quiles, residente en Brighton Park desde hace 49 años, ha vivido frente al descampado la mayor parte de su vida.

Quiles dijo que tiene problemas de salud que cree que están relacionados con el aire que respira, ya que vive a 15 metros del antiguo emplazamiento industrial.

“Todos enfermábamos continuamente, yo estuve muy enferma durante un mes, y mi antigua amiga (de al lado) murió. Descubrieron que tenía cáncer”, cuenta Quiles.

Javier López, un residente de Brighton Park cuya casa se encuentra junto al terreno baldío, dijo que la ciudad ya había iniciado la excavación en el sitio para evaluar la instalación de plomería para las tiendas de campaña acondicionadas para el invierno que se iban a instalar para los inmigrantes. López dijo que a la comunidad le preocupa que la ciudad expusiera toxinas en el suelo cuando empezaron a excavar en el terreno contaminado.

“Estamos preocupados, quiero decir, estamos preocupados por nuestra agua; nos cortaron el agua durante unas horas para excavar allí”, dijo López. “Estoy seguro de que las tuberías están rodeadas de estos contaminantes. Así que da mucho, mucho miedo que esas cosas entraran en nuestra casa”.

Salinas dijo que se notificó a los residentes que la ciudad comenzaría a analizar el agua en octubre. De acuerdo con un folleto distribuido a los residentes, se les instruyó para enjuagar el agua para mitigar los niveles potenciales de plomo después de alteraciones de tuberías. Se trataba de abrir todos los grifos de sus casas durante 30 minutos cada dos semanas a lo largo de un periodo de tres meses.

“Me dijeron: ‘Vas a tener que vaciar el agua durante los próximos tres meses, pero no te preocupes, sólo te costará un dólar cada vez que lo hagas’”, dijo Salinas. “No me importa si es un dólar o un centavo, no debería tener que pagar para vaciar mi agua. Esto sí me da miedo”.

Quiles dijo que su agua ha sido constantemente descolorida desde que la ciudad comenzó a cavar en el lote.

“El agua sale marrón, y (hay) como copos de nieve, tengo que dejarla correr por lo menos de 20 a 30 minutos”, dijo Quiles. “Tuve que comprar agua para poder cocinar y como soy una persona muy enferma, tengo muchos problemas de salud”.

Muchos residentes de la Calle 38 afirmaron que el plan municipal de alojar a inmigrantes en el solar vacío se hizo de forma precipitada y sin contar con la opinión de la comunidad.

López dijo que los residentes se sienten “abandonados en la oscuridad” sobre los planes de la ciudad para el lote y los posibles impactos ambientales de perturbar la tierra contaminada.

“Nos preguntamos cuál será el siguiente paso”, dijo López.

Ramírez dijo que está haciendo un seguimiento con la administración de Johnson sobre si se desarrollarán planes para limpiar el sitio.

“Para mí, la máxima prioridad es que, en caso de que encontremos toxicidad o contaminación en el suelo, nos proporcionen información completa sobre los detalles, es decir, sobre lo que se puede hacer o lo que se ha hecho”, declaró Ramírez. “Son conversaciones en curso, y mantendré más conversaciones al respecto con gente de la administración”.

Algunos residentes dudan de que la ciudad vaya a limpiar el solar.

“Puedo garantizarte que lo van a dejar como está”, dijo Rolón.

Ramírez dijo que está discutiendo con la comunidad lo que significa ser una zona de justicia ambiental.

En septiembre, la administración Johnson publicó un informe de impacto acumulativo que pretende captar cómo la exposición a las toxinas, los factores socioeconómicos y las condiciones sanitarias varían en toda la ciudad. Los distritos censales más afectados, designados barrios de justicia ambiental, serían objeto de consideraciones especiales en futuras decisiones sobre zonificación y permisos. Brighton Park se encuentra entre estos barrios.

Ramírez también dijo que se están distribuyendo equipos de pruebas de plomo, y que está explorando formas de utilizar el terreno baldío en beneficio del vecindario.

Ahora que los inmigrantes no vivirán en el lugar, los residentes esperan que no se ignoren sus preocupaciones.

“Lo que creo que tiene que ser la prioridad número 1 (del alcalde) es la seguridad. No puede ser temporalmente seguro. Tiene que ser seguro”, dijo López. “No basta con conseguir que los inmigrantes no pasen por ahí. Ahora hay que seguir hasta el final”.

-Samantha Moilanen es autónoma.

-Traducción por José Luis Sánchez Pando/TCA